Tras la crisis provocada por los controladores, ahora vienen las consecuencias. Unas consecuencias históricas, que vienen a vengar una actitud de prepotencia que ha llevado a miles de usuarios a sufrir sus antojos y perder vuelos, sufrir retrasos y demás calamidades viendo como nadie velaba por sus derechos. Se ha llegado al techo de la paciencia, y lo que se convirtió en un escándalo a nivel europeo, hoy apunta a duras penas. Es más, hasta 8 años de cárcel para los controladores es lo que pedirá la fiscalía.
La declaración de Zapatero en el Congreso acerca de la crisis aérea provocada en el cielo español, es clara: la ley «ofrece resortes suficientes para sancionar penalmente las conductas producidas estos días«. Y es que todo indica que se aplicarán las sanciones recogidas en el Código Penal Militar a los hechos producidos tras la militarización de las torres, y las del Código Civil y la Ley de Navegación Aérea a los incumplimientos producidos antes de ese momento.
Y a decir verdad, aunque pueda parecer una exageración, lo que no se puede permitir es que unos cuantos, que cobran más que la mayoría, que trabajan para el Estado por lo que tienen en muchos casos mayores derechos y un trabajo estable para toda la vida, vengan a mandar y a corromper la vida diaria de una mayoría que siente impotencia, que se siente desamparada.
Un trabajador del Estado se debe al Estado, y esto es lo que en muchos casos no entienden los funcionarios. Si se tratase de una empresa privada, a nadie se le ocurriría hacer semejante boicot, porque lo que les espera es un despido en masa sin precedentes. Pero como los puestos públicos son fijos, y sin ningún tipo de controles, al final, nos tomamos la ley por nuestra mano, y causamos desastres a los demás. Si total ¿qué van a hacer, despedirnos? Jaja, pues ahora ya ven quien ríe el último.
Noticia | El País
