La Audiencia Nacional ha decidido hoy presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley que en mayo rebajó el sueldo de los funcionarios un 5%. El Tribunal Constitucional continúa pensando que sigue habiendo dudas sobre la compatibilidad del recorte con el derecho a la libertad sindical y el principio de igualdad contemplado en la Constitución.
Por su parte, los sindicatos defienden su postura recordando a la Audiencia Nacional que la rebaja de sueldo afectó a su derecho a la negociación colectiva y por tanto a su derecho a la libertad sindical, ya que el decreto ley fue discriminatorio al excluir del recorte a los empleados de Renfe, Adif y Aena.
Los jueces han dejado claro que el Tribunal Constitucional no va a juzgar si la medida aprobada por el Gobierno fue correcta o no, pero aun así recuerdan que su obligación en este caso es valorar si realmente existía o no una extraordinaria y urgente necesidad para aprobar el recorte del 5% a los funcionarios, que es el motivo al que recurrió el Ejecutivo de Zapatero para aprobar esta medida el pasado mes de mayo cuyo principal objetivo era reducir el déficit público.
Veremos cuál es la decisión del Tribunal Constitucional sobre este asunto que, independientemente de cómo acabe, supone un nuevo varapalo para el gobierno de Zapatero que no hace más que ganarse enemigos por todas partes. Primero los sindicatos con la reforma laboral y después los funcionarios con el recorte del sueldo.
Sin embargo, sin restar valor a las reclamaciones de los empleados públicos, también hay que recordar que ellos no son los únicos que se han visto afectados por la crisis y que han visto reducido su poder adquisitivo. Y en este aspecto llama la atención que después de casi dos años de crisis, los sindicatos únicamente se movilizaran cuando los afectados eran los funcionarios. ¿Y qué pasa con el resto de trabajadores? ¿Qué pasa con los cuatro millones de parados? Parece que eso es otra historia.
Fuente | El Mundo
