La senadora, en tanto, respondió a la sanción diciendo que es parte de una persecución política en su contra que lleva más de una década, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, calificó de infamia a la medida.
La decisión afecta a la legisladora del Partido Liberal, a quien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le entregaron en los últimos años varios de los rehenes secuestrados por el grupo guerrillero, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.
El procurador general Alejandro Ordóñez dijo que la investigación contra la senadora se originó en los archivos encontrados en los ordenadores del comandante de las FARC Raúl Reyes, muerto en marzo del 2008 en un bombardeo de militares colombianos en una zona selvática de Ecuador.
«En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de Teodora, Teodora de Bolívar, La Negra y La Negrita, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario», reveló el procurador.
«El Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar vídeos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos», precisó.
«PERSECUCIÓN»
La procuraduría, el organismo que se encarga de vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, aseguró que en la investigación constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
Además, de acuerdo con el procurador, realizó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.
La sanción del procurador es de carácter disciplinario y administrativo y es independiente a la que pueda realizar la Corte Suprema de Justicia con repercusiones criminales.
Córdoba dijo que la sanción en su contra es una persecución política y se definió como una pacifista.
«Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético», afirmó la legisladora en un comunicado.
«Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar», precisó.
Por su parte, Chávez dijo que la destitución de Córdoba era una afrenta al valor de la senadora.
«Yo estoy absolutamente seguro que Piedad Córdoba es inocente de cualquier señalamiento que se le haga de cooperación con la guerrilla colombiana», dijo en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en Caracas.
«Creo que es una infamia porque esa mujer ha arriesgado su vida, he visto sus lágrimas con familiares, con personas rescatadas de la selva, su angustia por Colombia, la negra Piedad es una colombiana íntegra», agregó.
