Madrid.- Las comunidades han asumido con normalidad los recortes anunciados hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos la reducción salarial del 5 por ciento a los funcionarios, si bien las gobernadas por el PP creen que las nuevas medidas han sido improvisadas y llegan tarde.
Unas más sorprendidas que otras -algún presidente autonómico ha reconocido que conocía las medidas desde ayer-, las comunidades tendrán que estudiar ahora los anuncios de Zapatero y aplicar la reducción salarial a todos los empleados públicos.
Poco después de la intervención del jefe del Ejecutivo, gobiernos como los de Cantabria o Cataluña se han apresurado a anunciar recortes «ejemplares» en los sueldos de los altos cargos, incluidos los del propio presidente y los consejeros.
Otros gobiernos han ido más lejos e, incluso, han avanzado la posibilidad de aplicar subidas impositivas, como el extremeño o el catalán.
Las comunidades gobernadas por el PP no han ahorrado críticas a las nuevas medidas de Zapatero, que con ellas «ha atacado a los más débiles y necesitados», en palabras del consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, quien ha instado al Ejecutivo a suprimir ministerios.
Desde Galicia, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado las medidas como el «recorte social más importante de la democracia» y ha advertido de que su comunidad «no puede pagar el déficit público alarmante del PSOE».
Zapatero «tendría que mirarse el ombligo y reconocer que no lo está haciendo bien», ha dicho el conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, quien ha resaltado el esfuerzo que está haciendo su gobierno para contener el gasto.
La presión de los organismos internacionales y del propio presidente de EEUU, Barack Obama, han obligado a Zapatero a adoptar estas medidas «bárbaras» que provocarán «sangre, sudor y lágrimas», ha dicho el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Herrera ha señalado que el recorte del sueldo de los funcionarios debería provocar la dimisión de la ministra de Economía, Elena Salgado, por incumplir el acuerdo de septiembre de subida salarial para este colectivo.
Si se hubiera actuado antes, el problema no se hubiera «agigantado» y no se hubiera producido una «merma en los derechos sociales», ha resaltado otro «barón» del PP, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.
Mientras, el Gobierno riojano estudiará «detenidamente» las medidas, pero «acatará» y «aplicará» las normas básicas del Estado.
También ha opinado el Ejecutivo canario (CC-PP), que las medidas llegan tarde, ha asegurado que los nuevos recortes son «graves» y «profundos» y ha lamentado que los funcionarios tengan que pagar «los desmanes» de Zapatero.
El recorte llega «tarde» y «mal» y supone un «estacazo nacional», ha dicho el consejero navarro de Economía, Álvaro Miranda (UPN), mientras que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), también ha reconocido que las medidas se tenían que haber tomado antes.
No obstante, Revilla ha adelantado que su Gobierno actuará de forma «contundente» para «dar ejemplo» y, de hecho, bajará el sueldo de sus altos cargos en un 15 por ciento.
Igualmente hará la Generalitat de Cataluña, aunque no se sabe en qué porcentaje. Además, el martes aprobará otras medidas de reducción del gasto público y el aumento de dos impuestos: el de trasmisiones patrimoniales y el de bienes jurídicos documentados.
El Gobierno vasco, por su parte, ha pedido tranquilidad a sus funcionarios, a quienes ha recordado que la administración autonómica es «solvente», y ha dicho que estudiará con «serenidad» las medidas para ver de qué modo Euskadi puede contribuir a ese esfuerzo común sin precedentes» que se pide.
De «razonable» y «responsable» ha tachado el plan de Zapatero la Junta de Andalucía, precisamente la comunidad con mayor número de funcionarios afectados -casi 500.000-.
Pese a que el presidente balear, Francesc Antich, considera que es pronto para ver los efectos del recorte, ha recordado también que su comunidad es la que mayor esfuerzo de austeridad ha hecho y eso «ha de valorarse», si bien su Gobierno ralentizará las inversiones y reducirá gastos de personal.
Tanto el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, como el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han respaldado las propuestas y se han comprometido a arrimar el hombro para repartir las «penurias» entre todos.
Asturias, por su parte, se ha dado un tiempo para conocer el alcance de los recortes antes de aplicar el ajuste, en tanto que el nuevo escenario obligará a Castilla-La Mancha a revisar el plan de austeridad que estaba preparando para ahorrar unos 400 millones de euros.
