Barcelona.- La fiscalía ha presentado hoy una querella por tráfico de influencias contra Fèlix Millet por el proyecto del Hotel del Palau, en un caso que salpica a responsables del Ayuntamiento de Barcelona y al conseller Antoni Castells, que ha defendido su gestión pero ha rehuido comparecer en el Parlament.
La querella, a la que ha tenido acceso Efe, señala que Fèlix Millet y Jordi Montull se aprovecharon de sus «relaciones personales» con el conseller de Economía para conseguir un convenio que facilitara la permuta urbanística para la construcción del hotel y el compromiso de la Generalitat de recalificar las fincas donde un promotor privado iba a edificarlo.
En su escrito, la Fiscalía señala que Castells firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos y preceptivos para valorar la necesidad y la utilidad de la operación y dejando en manos de Millet la indemnización que tendría que percibir la Generalitat por la «pérdida de valor» que podría acarrear la operación para la administración catalana.
Además, el convenio establecía que a la Fundación del Palau, como titular del suelo que se iba a recalificar, le correspondía una compensación económica de 3,6 millones de euros, que según la Fiscalía pretendían embolsarse Millet y Montull, aunque finalmente no cobraron la comisión al frustrarse el proyecto.
Tras trascender el contenido de esta querella, fuentes del departamento de Economía han señalado que el conseller Antoni Castells «está tranquilo» y colaborará «en lo que haga falta» con la Fiscalía para defender su gestión, aunque rehuirá comparecer en el Parlament, donde el tripartito vetó su presencia en la comisión de investigación sobre el «caso Palau».
Precisamente, el PPC se ha apresurado a pedir de nuevo la comparecencia de Castells ante la comisión de investigación para poder «esclarecer» estos hechos.
Por su parte, fuentes judiciales han avanzado a Efe que la fiscalía pedirá al juez que cite a declarar como testigos, entre otros, al propio Antoni Castells y también al teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Ramon García-Grabado, al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, al ex primer teniente de alcalde, Carles Martí, y al líder de la oposición en Barcelona, Xavier Trias.
Precisamente, en la querella se subraya que el convenio firmado con Castells no fue «suficiente» para que Millet obtuviera el beneficio económico que buscaba, por lo que fraguó otro acuerdo a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona y el departamento de Economía.
De esta forma, aprovechando su relación con autoridades municipales, Millet consiguió que la Comisión de Urbanismo del consistorio aprobara la modificación inicial del plan urbanístico necesaria para la construcción del hotel.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ramon García-Bragado, cree que la actuación «transparente» del Ayuntamiento de Barcelona en la modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona en el ámbito del Palau de la Música «facilitará la investigación».
García-Bragado ha explicado a la prensa que la querella ha sido comunicada al Ayuntamiento de Barcelona y ha señalado que le «parece muy bien que la Fiscalia investigue» los hechos y que «tendrá toda la colaboración para el esclarecimiento de los hechos».
En una nota de prensa, la Fiscalía ha precisado que la querella abrirá ahora una investigación judicial penal que puede comportar como resultado «la imputación de otras personas así como la aparición de evidencias de otros delitos».
En su escrito, el fiscal, que acusa a Millet y Montull también de un delito continuado de apropiación indebida, relata un cúmulo de irregularidades en los trámites de la operación urbanística para la construcción del hotel, una inversión que iba a llevar a cabo el promotor Manuel Valderrama, propietario de Olivia Hoteles, y que en un principio iba a encargarse al arquitecto Oscar Tusquets.
Además de los beneficios que comportaba la construcción del hotel, el proyecto podría haber generado cuantiosas ganancias ya que estaba previsto que al cabo de doce años la edificación hotelera -en una zona protegida de alto valor histórico y cultural- se podía reconvertir en viviendas particulares, según precisa la querella.
No obstante, el escándalo por el desvío de fondos enterró el proyecto de construcción del hotel, dado que la actual presidencia del Palau de la Música se resiste a tirarlo adelante.
En cualquier caso, el encargo conseguido por Valderrama ya quedó rebajado después de que el departamento de Cultura impidiera la demolición de dos edificios afectados -por su interés histórico y artístico-, lo que limitaba la operación a un solo solar.