Las pensiones en España se revalorizarán un 2,8% a partir de enero de 2025, en línea con el incremento medio del Índice de Precios de Consumo (IPC) registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Este aumento, confirmado por el Ministerio de Seguridad Social, garantizará el poder adquisitivo de los más de 10,2 millones de pensionistas del sistema público.
Un impacto directo en la economía de los jubilados
Para los pensionistas, esta revalorización supondrá un incremento anual de aproximadamente 600 euros en el caso de las pensiones medias de jubilación, que pasarán de 1.441 euros mensuales a 1.481,35 euros. Para las pensiones contributivas del sistema, el incremento será de unos 500 euros al año, beneficiando a 9,3 millones de personas que perciben 10,3 millones de pensiones contributivas, así como a 720.148 funcionarios del Régimen de Clases Pasivas.
El objetivo de esta medida es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de inflación persistente. Tal como destacó el Ministerio, la fórmula actual, instaurada en la reforma de 2021, asegura que las pensiones se ajusten de forma automática al IPC medio, eliminando la necesidad de compensaciones adicionales como la desaparecida «paguilla».
Un coste creciente para la Seguridad Social
El Banco de España estima que cada punto de incremento del IPC añade 1.800 millones de euros al gasto de la Seguridad Social. Por tanto, este aumento del 2,8% tendrá un impacto directo de más de 5.000 millones de euros en las arcas públicas.
Sin embargo, este no será el único gasto adicional. El llamado «efecto sustitución», por el cual las nuevas pensiones que entran al sistema tienen un valor promedio un 25% superior a las que se extinguen, añadirá alrededor de 2.700 millones de euros más al año. En conjunto, el aumento acumulado podría superar los 7.000 millones de euros en 2025, consolidando la tendencia al alza del gasto en pensiones.
Reformas en la edad de jubilación
Además de la revalorización económica, a partir de enero de 2025, la edad legal de jubilación se retrasa a 66 años y ocho meses para quienes no hayan cotizado al menos 37 años y nueve meses. Esta medida, derivada de la reforma de 2013, busca adaptar el sistema a los desafíos demográficos y económicos derivados del envejecimiento de la población y del aumento de la esperanza de vida.
Sostenibilidad en el centro del debate
El constante incremento del gasto en pensiones, impulsado tanto por las revalorizaciones automáticas como por el aumento del número de beneficiarios, mantiene la presión sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. En un contexto de envejecimiento de la población y aumento de la longevidad, expertos y organismos como el Banco de España señalan la necesidad de evaluar medidas adicionales para garantizar el equilibrio financiero a largo plazo.
Un compromiso con los pensionistas
A pesar de los retos, el Gobierno asegura que este aumento reafirma su compromiso de proteger los ingresos de los jubilados frente a los efectos de la inflación. “La revalorización garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, cumpliendo con los principios de justicia social y sostenibilidad financiera”, afirmó el Ministerio de Seguridad Social.
Con esta actualización, España continúa ajustando su sistema de pensiones a las demandas de una sociedad cambiante, mientras se enfrenta al desafío de equilibrar los derechos sociales con la sostenibilidad económica.
fuente: ABC
