Tengo que confesar que siento cierto pudor al argumentar acerca de los imputados y las listas electorales, tal y como nos proponen a debate en la web de foro político.
Y es que si se tiene un poco de respeto a lo que significan conceptos como democracia, servicio público, ciudadanos, etc., debatir acerca de la presencia de imputados en las listas electorales es como preguntarse acerca de la presencia de pederastas en los claustros de profesores o la de terroristas en comisiones de derechos humanos…
En cualquier caso y para despejar cualquier duda, hago mío el texto que circula por Internet:
“A los Secretarios Generales de los partidos políticos españoles:
Excluyan de sus listas electorales a todos aquellos candidatos imputados o condenados por graves irregularidades y delitos asociados a la corrupción y actúen con urgencia para impulsar medidas eficaces para combatirla. Nuestros votos en las elecciones dependerán de las acciones que emprendan para excluir a dichos candidatos y limpiar la política española. Queremos el comienzo de una nueva era en nuestro país. Una era libre de corrupción”
Si uno mira los mapas que se publican en los medios o en internet, por ejemplo en la web de nolesvotes, la Comunidad de Madrid aparece salpicada por la corrupción en lugares como Majadahonda, Pozuelo, Boadilla, Arganda, Torrejón,… y parece que la cosa no tiene fin. Y es entonces cuando ese pudor inicial se convierte en impulso necesario para cambiar las cosas. No puede ser que este país, que tanto prometía hasta hace bien poco, se haya convertido en esto. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?
Alejandro Nieto lo explica muy bien en su libro El desgobierno de lo público donde destaca la manera habitual de tratar la corrupción que se ha instalado en los dos grandes partidos, PP y PSOE, donde “lo ordinario es que ambos partidos firmen un pacto de no agresión –en su doble faceta de no intervención y de silencio (propio y de los medios por ellos controlados)-para amortiguar los efectos de los casos que no han podido ocultarse, convencidos de que todos tienen mucho que perder…”
A pesar del ruido continuo (el mismo miércoles pasado en el Congreso, hubo el enésimo rifirrafe, esta vez a cuenta de los EREs en Andalucía) de acusaciones mutuas y gestos de ofendidos; lo único que se les ocurre a nuestros políticos es recurrir al sobado “y tú más” sin entrar en el meollo de las acusaciones. Y es que, continúa Nieto “las dos partes comprenden que a la larga los escándalos terminan equilibrándose y, como todos saldrán perdiendo, sellan la paz y renuevan el pacto implícito” Y cuando esa estrategia de responder con los trapos sucios del contrario no resulta, se recurre a la defensa numantina de nuestro “hijoputa”. Y es que quien no tolera Gurtel, minimiza los ERES andaluces y viceversa. Así nos va…
Y lo cierto es que hasta hace bien poco, la ley electoral no impedía siquiera el ejercicio de sufragio pasivo a los condenados por delitos contra la administración. Y no creáis que se modificó a iniciativa de los dos grandes partidos; fue UPyD quien introdujo la enmienda que coló un poco de sentido en este asunto. Aunque queda mucho por hacer. Porque los dos grandes partidos prefieren incluso plantearse en llegar a un pacto en relación a este asunto, apelando a la presunción de inocencia (Javier Arenas, dixit). No debemos dejarles que lo hagan…
Y lo peor de todo es que estos mismos partidos defienden de palabra la aplicación de la ética a la actividad política, aunque lo desmientan continuamente con sus hechos. Sin ir más lejos, hace unas semanas el PP celebró una convención en Baleares donde reivindicó la regeneración de la política con Camps como gran estrella y donde se presentó un texto que decía perlas como la siguiente: «El PP reitera su compromiso de contundencia y celeridad contra las prácticas corruptas en las Administraciones. Actuaremos ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales». Recordemos que Camps será cabeza de lista a las Cortes Valencianas, está imputado por cohecho y muy probablemente cerca ya de ser procesado y sentarse en el banquillo.
Y cosas muy parecidas ocurren en la acera de enfrente del PSOE. Y lo hacen, por ejemplo, haciendo uso del argumento “tramposo” del enriquecimiento personal o del más coloquial “no haber metido la mano en la caja”. Resulta que Trinidad Rollán, número dos de Tomás Gómez en Madrid (quien tiene entre otras responsabilidades trabajar sobre las listas electorales madrileñas) comete el peor delito que puede cometer un servidor público (la prevaricación y ojo, aquí estamos hablando de condena no de imputación) y lo que hace Tomás Gómez es minimizar la condena como si se tratara de una simple falta administrativa (¿?); y lo hace apelando a que no hubo enriquecimiento personal… Vale, admitimos pulpo como animal de compañía, pero ¿qué empujó a Trinidad Rollan a cometer delito? ¿A quién benefició? Nadie tiene interés en explicárnoslo y que no sé en este caso, pero lo más habitual es que los beneficiados hayan sido constructores. ¿O es que le gusta ejercer de hada madrina?, como muy bien denunciaba El País en un reportaje de hace unas semanas.
Para resolver estas cosas, es necesario que los ciudadanos reaccionen. Si seguimos como hasta ahora, con unos niveles de corrupción que no solo no restan sino que dan votos, nos deslizaremos por la peor pendiente posible.
Confiemos en la sabiduría de los españoles el 22 de mayo.
