Los ertzainas, pertenecientes a la Unidad de Información de Alava, estarían acusados de elaborar informes secretos sobre personas destacadas de la sociedad alavesa y que fueron incautados durante un registro para investigar un caso de presunta corrupción en territorio alavés en el que están imputados significados miembros del Partido Nacionalista Vasca, según diversos medios.
El Departamento vasco de Interior ha decidido apartar del servicio a los dos ertzainas imputados «por su presunta implicación en un hecho delictivo», dijo el organismo en una nota de prensa que recoge que se les abrirá un expendiente disciplinario para «depurar las responsabilidades profesionales en las que pudieran haber incurrido y de adoptar las medidas cautelares que en su caso fueran necesarias».
Aunque el caso en el que están imputados los ertzainas se encuentra bajo secreto de sumario, varios medios vascos informaron de que dos agentes autonómicos fueran citados el jueves a declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria, junto al ex miembro de la ejecutiva en Alava del PNV Aitor Tellería, imputado previamente en una trama de presunta corrupción, conocida como «caso de Miguel», al estar implicado en la misma el diputado del Gobierno Alavés y miembro del PNV, Alfredo De Miguel.
Según la información en la que coinciden los medios, los agentes de la Ertzaintza ahora relevados del servicio por Rodolfo Ares habrían elaborado informes secretos sobre cargos políticos de otros partidos y sobre personas relevantes de la sociedad alavesa. La citada documentación se habría encontrado en un registro en el despacho de Tellería tras su detención el pasado mes de marzo acusado de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, principalmente por el cobro de comisiones ilegales.
Tras conocerse la imputación de los dos ertzainas, el Araba Buru Batzar, la ejecutiva del PNV en Alava, hizo público un comunicado en el que negó «la existencia de una trama de ertzainas que espiara para el partido», y aseguró que no tiene en su poder «dossier o informes, ni secretos ni públicos, referidos a personas relevantes o no del territorio alavés».
El PNV, que el año pasado perdió el poder en el País Vasco por primera vez en 30 años, denunció la existencia de una «campaña de acoso de determinados medios de comunicación», que se amparan en el secreto de sumario para implicarles en casos de corrupción e «intentar extender la sospecha».
Los socialistas, por su parte, abogaron por «investigar a fondo y hasta el final las gravísimas irregularidades que se están descubriendo en relación con el caso De Miguel, particularmente, la que guarda relación con la supuesta trama de ertzainas que, al parecer, espiaban para el PNV de Álava».
El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, señaló en un comunicado que los dirigentes del PNV deben aclarar si han tenido responsabilidad «en determinados intentos por crear una policía política de partido». «Ningún partido puede quedar al margen de una investigación seria y rigurosa cuando ocurren hechos tan preocupantes como los que se están conociendo», añadió.
