Este artículo lo he titulado corrupción ¿a quién le importa? porque parece que dentro de los partidos grandes, esos que la mayoría vota en las generales, parece importarles más bien poco el significado del término. Resulta que se acercan las elecciones, y resulta que muchos candidatos regionales y locales han sido imputados en casos de corrupción política, y ahora ven como sus candidaturas se encuentran en el aire. bueno, no en el aire. Porque esto debería de ser lo que ocurre en un Estado de derecho. Si un político tiene pendientes causas por delitos, debería al menos mientras no se resuelve el caso, quedar inhabilitado de forma temporal de su carrera. Pero claro, hablamos de un -estado en que las cosas funcionasen como deberían de hacerlo. Pero en España, con una justicia que parece funcionar a velocidades del siglo pasado y unos partidos políticos a los que poco parece importarles la corrupción, a cambio de una cara conocida que les de el triunfo en las urnas, lo que sucede es esto:
– Los socialistas asumen la restricción aupada por UPyD de impedir presentarse a los candidatos con delitos contra la Administración, y van más allá: no podrán ser candidatos los imputados por corruptelas destinadas al enriquecimiento propio. O como apostilló el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, «el que haya metido la mano tiene que estar a mil leguas de una lista». En esa región, el PSOE presenta a la alcaldía de Plasencia a Elia María Blanco, imputada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Vara la defiende: «Nadie va a poder decir que haya habido ningún tipo de enriquecimiento». En efecto, según la investigación el supuesto beneficiario fue un constructor.
En el lado del PP, las cosas están así: alcaldes de Mazaricos, José Manuel Santos, y de Fisterra, José Manuel Traba, ambos en A Coruña, ambos diputados provinciales del PP, están imputados por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Según su líder provincial, Carlos Negreira, no se puede ni siquiera hablar de corrupción porque las dos localidades no superan los 10.000 habitantes. La Comunidad Valenciana tiene más de cinco millones. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio por recibir regalos de la trama Gürtel; el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, y revelación de secretos en el caso Brugal (el portavoz socialista en Alicante, Roque Moreno, dimitió al verse salpicado); y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por cohecho, tráfico de influencias y fraude. Camps y Ripoll quieren ser candidatos en mayo (Fabra ya ha dicho que se retira). La dirección nacional del PP se inclina por permitírselo al primero y, probablemente, al otro
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