Tres dimisiones en cadena, otras tantas imputaciones por prevaricación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias y un posible juicio con jurado popular coincidiendo con la campaña electoral. El grupo municipal del BNG -y con él el Gobierno progresista de Ourense- se enfrenta a una grave crisis por un intento de adjudicación de unos paneles publicitarios que no llegó a realizarse.