Tras una reunión el miércoles en el Palacio de la Moncloa que se extendió durante más de dos horas, ambos líderes, que se encontraban por primera vez tras el fallo, mostraron su voluntad para estudiar los mecanismos que permitan que el texto pueda llegar a aplicarse en los puntos declarados inconstitucionales.
«El Gobierno es consciente del impacto que ha producido la sentencia y tiene la voluntad firme, clara y decidida de trabajar con la Generalitat de Cataluña para desarrollar y dar cabida a todo», dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en una comparecencia tras la reunión.
«Las líneas para trabajar son mecanismo políticos, jurídicos, legislativos, respetando de principio a fin nuestra Constitución y sin perder de vista la voluntad de autogobierno de los ciudadanos catalanes», agregó, sin especificar cuáles serán las reformas legales que se estudiarán, dijo, en un análisis conjunto.
Por su parte, Montilla, que presentó al jefe del Ejecutivo un informe elaborado por varios expertos sobre la sentencia, dijo estar «razonablemente satisfecho» tras el encuentro y pidió rehacer un pacto que según afirmó se ha visto «lesionado» por el fallo del alto tribunal.
«Es tiempo para la política y para recuperar íntegramente el Estatuto, es tiempo para rehacer el pacto estatutario, no porque ninguna de las dos partes lo haya violentado, si acaso por la intervención en este caso del Tribunal Constitucional», afirmó el presidente de la Generalitat en una intervención ante los periodistas.
«Cerrar en falso un problema es peor que ningún remedio, a la sociedad catalana no se le puede tapar la boca, entre otras cosas porque somos una nación», dijo Montilla, que aseguró que el presidente del Gobierno se mostró «receptivo».
LA REFORMA CONSTITUCIONAL NO ES PRIORITARIA
Algunos de los aspectos de la sentencia que más ampollas han levantado en la clase política catalana fueron la negativa a reconocer la definición de Cataluña como nación y que el catalán no tenga preferencia frente al castellano en la región, que llevaron a Montilla a pedir una reforma de la Constitución española, algo que matizó durante sus declaraciones del miércoles.
«No planteamos una reforma para hacerla ahora (…) hoy día no es precisamente la prioridad. En el futuro seguramente será necesaria», dijo.
La sentencia declaró inconstitucionales 14 puntos del Estatut en total, en una sentencia conocida a finales de junio que llevaba sometida a debate dos años y medio en el alto tribunal.
El fallo del TC sostuvo que es perfectamente legítimo que los catalanes puedan identificarse con una realidad cultural, histórica, geográfica y lingüística propia, pero que eso no daba validez jurídica al término «nación».
El martes, ninguna de las resoluciones presentadas en el Congreso de los Diputados sobre el texto en el cierre del debate sobre el Estado de la Nación consiguió ser aprobada por falta de consenso entre los partidos catalanes, por un lado, y el PSOE por el otro.
La posición unitaria de las formaciones catalanas se rompió en la votación, y la pactada por el PSOE y el PSC fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, incluido CiU.
Mientras, las propuestas de los partidos catalanes fueron desestimadas por socialistas y populares.
Cataluña celebrará elecciones el próximo otoño.