El titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por ordenar espiar en febrero de 2009 a los abogados del caso Gürtel cuando se entrevistaban con los principales acusados de la red.
El Tribunal Supremo decidió hace dos semanas abrir el procedimiento contra el juez, el tercero que se sigue contra él en esta corte, en contra de la opinión de la Fiscalía, que estimaba que la orden de Garzón permitió comprobar que existía una trama de corrupción que presuntamente pagaba a cargos públicos a cambio de favores empresariales.
El argumento de la acusación, planteada por los abogados de tres imputados en el caso, defiende que el juez cometió un delito contra la garantía de la intimidad al intervenir conversaciones privadas. Ese argumento llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tomó el caso después de que Garzón se inhibiera, a anular por «ilícitas» las conversaciones grabadas en la cárcel.
El caso Gürtel, en el que se investiga a decenas de personas, ha salpicado a altos cargos del Partido Popular por haber obtenido supuestamente dinero y regalos a cambio de adjudicar cuantiosos contratos a empresas dirigidas por Francisco Correa, encarcelado como presunto jefe de la trama.
Esta comparecencia es la tercera de Garzón ante el Supremo en los últimos meses, después de que hubiera de declarar por las desapariciones del franquismo y por el dinero percibido en la Universidad de Nueva York en la que ejerció de docente durante un año.
Las causas abiertas contra el popular magistrado, que podría ser apartado de la carrera judicial si es condenado, han generado multitud de marchas de apoyo de la ciudadanía y enfrentamientos entre el Gobierno y el Partido Popular.
