El consejo de ministros ha aprobado hoy, indemnizar con 1.350 millones de euros al propietario del Proyecto Castor, un almacén de gas que se encuentra situado en las costas de Vinarós, en Castellón. Esta infraestructura pertenecía a Escal UGS, la cual está controlada en un 66,7% por ACS, cuyo fundador y presidente es Florentino Pérez.
Este almacén tuvo que parar su actividad por orden del gobierno debido a los más de 500 seísmos que se registraron en Vinarós. Por lo tanto Escal, que tenía una concesión de 25 años, decidió renunciar a dicha concesión, y pedir al gobierno una indemnización de 1.600 millones, que serían 1.400 por la infraestructura, y el resto en gastos operativos.
Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, que la estación permanecerá «en hibernación», y que quedará prohibido realizar por el momento cualquier extracción de esta planta. De momento la indemnización de 1.350 millones, la abonarán a través de Enagás Transporte, que a su vez el sistema gasista resarcirá a esta compañía a lo largo de 30 años, es decir, que al final esta indemnización la irán pagando los consumidores.
Lo cierto es que los estudios sísmicos, argumentaban, que la situación con Castor, era insostenible, y más después del último septiembre, cuando la concesionaria empezó a inyectar «gas colchón», donde empezaron a producirse seísmos continuos y de alta intensidad, el más alto llego a los 4.2 puntos de magnitud.
El problema viene cuando la decisión de poner la infraestructura allí, fue del gobierno, en aquél momento socialista, con decisión individual de Miguel Sebastián, cuando el Instituto Geológico y Minero de España, IGME, anunció que construir la planta allí, suponía una «elevada incertidumbre» y que no tenían seguridad de que su actividad no fuera a afectar a las fallas cercanas.
Con lo cual llegado a este punto, nos encontramos con una empresa manejada por ACS, que reclama un dinero, algo totalmente aceptable, porque no le permite el gobierno llevar a cabo su actividad, en una zona donde los expertos avisaron al ejecutivo de la elevada incertidumbre del lugar, de lo cual se hizo caso omiso, y ahora se ven en la obligación de pagar 1.350 millones de indemnización, que lo pagan los ciudadanos que no tuvieron ni voz no voto.
Como siempre con la política, todo acaba siendo «muy justo».
