La fiscalía anticorrupción pone en duda la declaración del pasado 25 de julio del fundador de Convèrgencia, en la que aseguraba que la fortuna oculta en el extranjero procedía de una herencia de su padre, por tener “lagunas y contradicciones” que hacen “sospechar sobre la ilicitud de los fondos” ocultados al fisco durante 34 años. Y Advierte que, la puesta al día de dichos fondos, “aún correctamente realizada”, cosa que no se puede asegurar en este momento, no exime de la posibilidad de investigación de tal capital, y mucho menos que la regularización fiscal suponga “una legalización automática de su origen”.
En el escrito dirigido a la magistrada Zita Hernández, del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, el fiscal Alejandro Luzón pide la desestimación del recurso interpuesto por la defensa, en el que se pedía el archivo del caso por ser una “causa general” sin base alguna.
El abogado del expresidente, Cristóbal Martell, arremete contra la querella presentada por Manos Limpias, en la que se alegaba posibles delitos fiscales, cohecho, blanqueo, malversación, prevaricación y tráfico de influencias por parte de la familia Pujol. El jurista dice que en su opinión es un “ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades”, aderezado con “rumorología” y gratuitas “conjeturas”.
El escrito de la fiscalía, da cuenta de los datos aportados por el Banco de Madrid en relación con las cantidades regularizadas ante Hacienda por la esposa de Pujol, Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia. Y a la vista de tal documentación aportada por el banco se aprecia que las cantidades son superiores a 120.000 euros, límite a partir del cual existe delito fiscal.
La clave del caso Pujol es saber de dónde viene el dinero: si, como dice Pujol, procede de una herencia (a pesar de no haber aportado documentación del legado paterno y decir que los bienes no estaban en testamento) o bien, como sospechan los investigadores policiales, se corresponde con el pago de comisiones por parte de empresas que fueron adjudicatarias de obra pública durante la presidencia de Pujol (1980-2003).
Las razones por las que la Fiscalía duda del origen lícito de los fondos son, en primer lugar, que las cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) “proceden del traspaso de los fondos de otras cuentas” y “no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas. A todo esto hay que añadir que Jordi Pujol es una persona políticamente expuesta, y como tal se imponen deberes de vigilancia reforzados.