Alicante.- El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha defendido hoy su «honorabilidad» y ha calificado de «rotundamente falso» que los beneficiarios del plan zonal de residuos que investiga el juez del caso Brugal le regalaran dos pisos, como apunta un informe policial.
Imputado por cinco supuestos delitos, entre ellos cohecho y prevaricación, por el juez de Orihuela que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja en la operación Brugal, Ripoll ha realizado hoy sus primeras declaraciones tras tener acceso a las diligencias policiales, una vez que se levantó el secreto sumarial.
El dirigente del PP ha subrayado que el informe policial, «que no judicial», «no concreta nada» sobre el supuesto regalo de dos viviendas contiguas en la avenida Pérez Galdós de Alicante y ha advertido de que los investigadores «no lo podrán hacer porque esos hechos son falsos».
Ha relatado que efectivamente sí visitó esos pisos, que promovía el empresario y amigo de la familia Rafael Gregori (también imputado), pero «igual que algunos otros» en el mismo entorno de la céntrica plaza de Luceros ya que deseaba comprarse una casa.
Finalmente adquirió el 21 de octubre de 2009 otra distinta a la investigada por valor de 450.000 euros y con hipoteca por 420.000 con Caja Mediterráneo (CAM), en la cercana avenida de Doctor Gadea.
Sí ha admitido que del 6 al 8 de agosto de 2008 disfrutó de unas vacaciones en el barco del empresario Enrique Ortiz, adjudicatario del plan de residuos y presidente del Hércules CF, en aguas de Mallorca, y que usó la misma embarcación el verano siguiente con unos amigos en Ibiza (esta vez sin Ortiz y pagando los gastos), aunque ha recalcado que ni el empresario le «pidió nada a cambio» ni él le hizo ofrecimiento alguno.
Según Ripoll, que ha entregado a los periodistas una copia del documento a su nombre que figura en el Registro de bienes patrimoniales de la Diputación de Alicante, en el informe policial también se cita como presunta «contraprestación» a su favor un viaje con su esposa a Sevilla, lugar donde compartió almuerzo con Ortiz y otras personas, pero ha sostenido que pagó lo que le correspondía de su bolsillo.
Sobre si se plantea dimitir o la baja temporal del PP, Ripoll ha afirmado que no porque tiene «la conciencia tranquila», y está convencido de que ha actuado «correctamente» y «conforme a la ley».
Ha añadido que tanto Francisco Camps, con quien ha conversado «en los últimos días», como Mariano Rajoy, éste último a través de un intermediario, le han apoyado, pedido que tenga «tranquilidad y siga en la defensa de la honorabilidad» y, además, le han transmitido su «ánimo».
Ripoll se ha referido al extenso informe policial, de 800 páginas y fruto de casi tres años de escuchas telefónicas, algo que, por lo que le han dicho sus abogados, no tiene precedentes en España al superar la investigación del atentado del 11 de marzo y porque «lo habitual de los pinchazos está en torno a los dos meses».
En su comparecencia ha insistido en que todo lo conocido de la operación Brugal son los informes policiales y «no diligencias judiciales» donde, como es normal, los autores «no se limitan a describir hechos sino que hacen valoraciones e interpretaciones» bajo una «lógica acusatoria e interesada» en perjuicio de su «absoluta inocencia».
También ha señalado que la Policía Nacional centra su supuestas responsabilidades en el plan zonal y no en el concurso de basuras de Orihuela, y ha continuado que los investigadores le acusan de pretender favorecer a la empresa formada por Proambiente, Cyes y Sufi, cuando resulta que finalmente logró el contrato Cespa-Ortiz.
Ha insistido en que el contrato lo decidió unánimemente el consorcio de residuos, donde están 27 ayuntamientos y la Generalitat y él es presidente con el 15 por ciento de la Diputación, y que por tanto no influyó en el órgano ni en los técnicos al tener un interés «inexistente», al contrario de lo que dice el informe policial.
Ha criticado que la Policía haya hecho el análisis de las ofertas presentadas al concurso de basuras a partir de un documento aportado por la portavoz del PSPV-PSOE en Orihuela, Antonia Moreno, en el que, además, sólo aparecen cuatro de las cinco solicitantes.
En su discurso, también ha mencionado que el cambio de solar para la planta de residuos fue aprobado por consenso de los municipios, con el criterio de alejarla lo más posible de la pedanía oriolana de Torremendo, y también ha rechazado un interés personal en la compra de la televisión local Canal 37.
A partir de ahora, hay 15 días para que las partes puedan alegar sobre los informes para, a continuación, aclarar la competencia judicial del caso, después de que un juez de Alicante devolviera la causa al de Orihuela.
