En enero fue la polémica sobre el derecho a empadronarse de los sin papeles en Vic. El Gobierno la zanjó alertando de que negarlo era ilegal y los partidos, todos, entendieron que no les convenía meterse en ese jardín. En abril fueron los folletos xenófobos que el Partido Popular distribuyó en Badalona. La dirección de Madrid presionó y acabó pidiendo disculpas.